Las autoridades venezolanas han asegurado que, tras la intervención ejecutada en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, lograron desmantelar totalmente a la banda delictiva “El Tren de Aragua”.
Sin embargo, la directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, afirmó que quedan dudas sobre si realmente fue desmantelada la banda porque, cuando ingresaron las fuerzas de seguridad, los involucrados con la banda “Tren de Aragua” ya se habían ido.
“Que tú desmanteles la sede no significa que desmantelas la banda porque la banda funciona con su gente. Obviamente el problema no ha desaparecido”, aseguró.
Hace dos días el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió un cartel de “se busca” contra Héctor Guerrero, apodado como “El Niño Guerrero”, reconocido como el líder de la organización criminal de El Tren de Aragua.
Dicha banda se ha extendido a otros países de Latinoamérica que ejecuta delitos vinculados a la extorsión, el secuestro, el sicariato, la trata de personas y el narcotráfico, entre otros delitos, y cuyo centro de operaciones era la cárcel de Tocorón.
Louza señaló que la operación realizada “ha sido bastante opaca”, a pesar de su importante difusión. Por ejemplo, aún se desconoce qué ocurrió con las personas que allí estaban detenidas, mientras que los líderes negativos más importantes escaparon.
Por otra parte, indicó que se supone que las personas detenidas fueron trasladadas a otros centros sin conocerse más detalles al respecto, por lo que no queda claro la responsabilidad de los funcionarios que custodiaban el penal.
Louza destacó que este procedimiento coincidió con la publicación del Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, donde se detalla violaciones a los derechos humamos que se habrían cometido en el país.
En ese sentido, consideró que la intervención de Tocorón “tapó eso”, lo que pudo haber sido “una atracción”.
¿Cómo la cárcel de Tocorón se convirtió en la sede de una banda?
La abogada Laura Louza explicó que este es el resultado de la falta de custodia de manera adecuada, donde “el Estado dejó de ejercer funciones de control”.
Por ello, algunos grupos criminales empezaron a ejercer “la ley del más fuerte” para convertirse en los dueños de las cárceles.
“Desgraciadamente es una situación que ocurre en otras cárceles (del país) y se les fue de la mano al Estado venezolano”, agregó Louza.
Insistió en que el Estado no ha hecho su trabajo de custodiar a las personas que están en una cárcel de manera adecuada, además de garantiza lo que tienen que garantizar. En el caso de Tocorón, los delincuentes se apropiaron del lugar y lo transformaron, convirtiéndolo en una ciudad, donde incluso vivían familias y, evidentemente, los funcionarios tienen cargos de responsabilidad.
