Una jueza ordenó al gobierno de Donald Trump «facilitar» el regreso de un migrante venezolano expulsado en marzo a una prisión de El Salvador, en una deportación similar a la del salvadoreño Kilmar Ábrego García.
El caso de «Cristian», identificado por este nombre en documentos judiciales, forma parte de una demanda colectiva presentada en 2019 en nombre de personas que entraron en Estados Unidos como menores no acompañados y más tarde solicitaron asilo.
En 2024 se aprobó un acuerdo de conciliación que impide deportarlos hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo.
La jueza Stephanie Gallagher ordena «facilitar el regreso de Cristian a Estados Unidos para que pueda recibir el proceso al que tenía derecho bajo el acuerdo de conciliación vinculante de las partes», se lee en el dictamen judicial emitido el miércoles.
La magistrada precisa que no basta con que la administración «haga una solicitud de buena fe al gobierno de El Salvador para que libere a Cristian».
La expulsión del migrante venezolano «viola el acuerdo de solución»
«Quedarse de brazos cruzados y no tomar ninguna acción no es facilitar. En casos anteriores que involucraban a personas trasladadas de manera indebida, los tribunales han ordenado, y el gobierno ha tomado medidas afirmativas para facilitar el regreso», recordó a los demandados.
El abogado del grupo colectivo estima que la expulsión del migrante venezolano «viola el acuerdo de solución».
Los representantes del Departamento de Seguridad Interior (DHS) argumentan que el tribunal carece de jurisdicción sobre el caso.
«Este argumento no tiene fundamento», replicó la jueza, en momentos de tensión entre el gobierno de Trump y los magistrados que contradicen su política migratoria.
Los demandados argumentan además que la deportación de Cristian no viola el acuerdo de conciliación porque «su designación como enemigo extranjero» hace que ya no sea «elegible para el asilo». No presentan pruebas por ahora.
A mediados de marzo, Trump expulsó a El Salvador a más de 250 migrantes a los que acusa de pertenecer a pandillas. La inmensa mayoría de ellos son venezolanos deportados en virtud de ley de «enemigos extranjeros» de 1798, usada hasta entonces solo en tiempos de guerra y blandida ahora contra presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
El Salvador los encarceló a cambio de dinero.
El uso de esta ley de excepción ha provocado numerosos recursos legales. Los abogados de algunos migrantes expulsados aseguran que sus clientes no pertenecen a pandillas ni han cometido delitos sino que se les acusa principalmente debido a sus tatuajes.
El sábado la Corte Suprema suspendió hasta nuevo aviso la expulsión de migrantes venezolanos a El Salvador bajo esta ley del siglo XVIII.
Gallagher cita el caso del salvadoreño Ábrego García, sobre el que fijó posición la Corte Suprema.
El máximo tribunal se sumó al pedido de que el gobierno «facilite» su regreso tras reconocer que fue expulsado por un «error administrativo».
Por el momento la administración de Trump no ha hecho ademán de acatar las órdenes y acusa a Ábrego García de ser miembro de la pandilla MS-13.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gran aliado de Trump, tampoco da su brazo a torcer.
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