Acusaciones trucadas con pruebas falsificadas, fiscales y jueces sicarios en procesos judiciales manipulados para perseguir, apresar, exiliar o eliminar, son algunos de los medios de terrorismo de Estado que las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo usan para inhabilitar a opositores reales. Lo hicieron en Nicaragua 2021, en Venezuela 2024, y ahora repiten el terrorismo de Estado electoral en Bolivia para las elecciones generales del 17 de agosto de 2025.
Las dictaduras del socialismo del siglo XXI en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia hacen elecciones periódicas que no son libres, no son justas, no están basadas en el sufragio universal y secreto, y no están destinadas a expresar la soberanía popular, sino a perpetuar el régimen con apariencia de democracia. Violan todos los elementos esenciales de la democracia del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana y los derechos humanos establecidos en los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15, 20, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por eso, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son “dictaduras electoralistas en las que el pueblo vota, pero no elige”, porque realizan elecciones sin libertad, sin Estado de derecho, sin separación ni independencia de poderes, sin libre organización política, con perseguidos, presos y exiliados políticos. En estos países sin democracia nada garantiza ni la libertad ni los derechos humanos.
Además, construyen y sostienen la “oposición funcional”, formada por políticos, agrupaciones y partidos que simulan ser contrarios al régimen y que actúan para dar apariencia de democracia. La oposición funcional es parte de la dictadura porque participa de la corrupción y de la impunidad, simula legalidad en órganos legislativos títeres, avala la violación de derechos humanos, la existencia de presos y exiliados y más.
A cuatro meses de las elecciones generales 2025 en Bolivia, el sistema de dictadura electoralista está en plena ejecución: 1.—El padrón electoral es el mismo demostrado como adulterado por el fraude del año 2019 y anteriores, y por Rosario Baptista que al renunciar denunció que no es posible continuar en un Órgano Electoral que no es independiente ni imparcial, agregando que “más allá de las elecciones de 2019, en el proceso electoral de 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad del partido político (el MAS del régimen), que bajo las condiciones actuales nunca perderá una elección”; 2.— En Bolivia hay 303 presos políticos certificados por Global Human Rights League (www.ghrl.org) y la misma entidad prueba que “10.255 ciudadanos bolivianos han presentado solicitudes de asilo político en 29 países”. Entre los presos políticos están la expresidenta Jeanine Añez y varios miembros de su gobierno; el gobernador de Santa Cruz, Luis F. Camacho; el cívico potosino Marco Antonio Pumari, el activista de derechos humanos Fernando Hamdan y más; 3.— Fiscales y jueces son instrumentos del régimen que aplican la metodología usada en Cuba, Venezuela y Nicaragua de procesar, encarcelar y sentenciar a inocentes, forzándolos en muchos casos a admitir delitos que no han cometido para obtener “procesos abreviados con sentencias leves”. La justicia es el instrumento represivo de las dictaduras del socialismo del siglo 21 y cada expediente de los presos y perseguidos políticos así lo prueba.
Por el supuesto, en el golpe de Estado escenificado el 26 de junio de 2024, Bolivia tuvo más presos y perseguidos políticos, pero ahora en proceso electoral se vuelve a utilizar el caso con un video documental del régimen para inculpar más gente, entre la que destacan analistas políticos y el candidato independiente a la presidencia Jaime Dunn. Han puesto en marcha la persecución e inhabilitación de quien creen puede ser un opositor real.
Para las elecciones del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua, el régimen apresó por lo menos 7 candidatos presidenciales de oposición, a decenas de candidatos al legislativo, varios fueron inhabilitados y otros salieron al exilio. Puro terrorismo de Estado. Ejecutado el fraude, la dictadura exilió y desnacionalizó a 222 presos políticos y sigue detentando el poder.
Para las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela, el régimen inhabilitó a la candidata María Corina Machado que había ganado la primaria opositora con 92,35% de votos, luego inhabilitó a Corina Yoris a quien Machado presentó como su reemplazante y finalmente Machado hizo su candidato a Edmundo González Urrutia y ganaron la elección con más de 67% de votos. La dictadura aplicó terrorismo de Estado de principio a fin y sigue usurpando el poder con un grupo criminal/militar de ocupación.
Bolivia, bajo terrorismo de Estado electoral —con crisis social, económica y energética que la lleva a la situación de miseria de Cuba y Venezuela— aún sigue exhibiendo su dictadura/narcoestado como una democracia que tendrá elecciones.
Carlos Sánchez Berzaín es abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
