El derecho a solicitar asilo es un principio fundamental que protege a quienes huyen de persecuciones y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la realidad muestra que la aplicación de este derecho varía drásticamente dependiendo de las circunstancias y del contexto político.
Este es el caso de dos situaciones paralelas que involucran a Brasil: el asilo de Nadine Heredia, ex primera dama de Perú, y el de cinco perseguidos políticos que nos encontramos asilados en la embajada de Argentina en Caracas, bajo la protección de Brasil.
Nadine Heredia, acusada de corrupción y lavado de dinero durante la administración de su esposo, Ollanta Humala, quien fue condenado a 15 años de cárcel por los mismos delitos en Perú, logró obtener un salvoconducto en menos de 24 horas tras solicitar asilo en la embajada de Brasil.
Este caso destaca no solo por la rapidez de la respuesta, sino también por el contexto de los países involucrados, lo que sin duda jugó un papel crucial en la gestión de su solicitud.
El acceso rápido al salvoconducto refleja un sistema que puede ser ágil cuando se trata de gobiernos democráticos, donde el acatamiento de pactos y convenciones internacionales influye de manera determinante en el tratamiento de los casos de asilo.
En contraste, los cinco perseguidos políticos que buscamos refugio en la embajada de Argentina en Caracas, bajo la protección de Brasil, enfrentamos una situación dramáticamente diferente, ya que nos encontramos bajo una férrea dictadura.
Desde nuestra solicitud, ha pasado más de un año esperando una respuesta clara o viable.
Esta interminable espera ha puesto de relieve la burocracia y las complejidades del asilo político, especialmente para aquellos que no cuentan con el mismo nivel de respeto por el derecho internacional.
Este desbalance en la atención y la velocidad de los trámites resalta una preocupante desigualdad en el sistema de asilo.
Mientras algunos se benefician de un tratamiento preferencial, otros, que enfrentamos graves violaciones a nuestros derechos humanos, quedamos atrapados en un laberinto administrativo y en medio de un brutal asedio policial, que incluye la suspensión de servicios básicos como agua y electricidad.
La situación plantea preguntas importantes sobre la justicia y la equidad en el acceso a la protección internacional.
Los casos de Nadine Heredia y de los cinco perseguidos políticos subrayan la urgencia de revisar y reformar los sistemas de asilo para que se basen en criterios de necesidad y riesgo, en lugar de privilegios políticos o mediáticos.
Cada vida es valiosa y merece la misma consideración, independientemente de su posición en la política. Solo así podremos asegurar que el derecho al asilo se convierta en un refugio genuino para todos.
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