La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó este martes a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en nombre de dos inmigrantes venezolanos que enfrentan una posible deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, en inglés), de 1798, que hasta ahora solo se había usado en tiempos de guerra.
En su litigio, interpuesto en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ACLU argumenta que esta ley solo se aplica a acciones bélicas y no puede emplearse contra ciudadanos de un país (en este caso, Venezuela) con el que Estados Unidos no está en guerra.
El caso ha sido asignado al juez Alvin K. Hellerstein -que rechazó en dos ocasiones los intentos de Trump de trasladar su caso penal en Nueva York por los pagos irregulares a una exactriz porno a un tribunal federal- y hoy miércoles a las 10:00 hora local (14:00 GMT) se celebrará una audiencia al respecto.
La denuncia tiene lugar un día después de que el Tribunal Supremo, en una votación 5-4, levantó la orden de un juez federal que bloqueaba las deportaciones sumarias de inmigrantes venezolanos por parte del gobierno bajo el amparo de esta ley.
Trump ha asegurado que la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el gobierno de Nicolás Maduro, está invadiendo el país.
Por ello, invocó el 15 de marzo la AEA, que no se usa desde la Segunda Guerra Mundial y que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa.
El juez federal James Boasberg bloqueó temporalmente el uso de esta normativa, pero, pese a la orden judicial, ese día tres aviones fletados por el gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a unos 200 venezolanos que fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad.
ACLU representa en su litigio a un ciudadano venezolano de 21 años que está detenido en un centro penitenciario de Nueva York y al que el Departamento de Seguridad Nacional ha acusado de estar vinculado con el Tren de Aragua.
Sin embargo, según la entidad, él y su familia huyeron de Venezuela debido, en parte, a amenazas que recibían del Tren de Aragua por la orientación sexual del joven, que además «teme ser perseguido por los agentes del Estado venezolano, incluida la policía y los grupos paramilitares, por su orientación sexual y su inconformidad de género».
El otro demandante tiene 32 años y está detenido en el mismo centro penitenciario; de acuerdo con ACLU, el venezolano protestó activamente contra Nicolás Maduro, quien recientemente juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, y que huyó del país «porque temía ser torturado, encarcelado y asesinado a causa de su activismo político».
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