En consecuencia, el pasado viernes la jueza federal Paula Xinis ordenó devolver a Kilmar a EE.UU. a más tardar en la medianoche de este lunes.
La administración Trump reaccionó diciendo que esa orden excede tanto el poder de la jueza como el del gobierno de EE.UU, pues Ábrego García se encuentra ahora bajo custodia del gobierno de El Salvador, y le pidió a la Corte Suprema que suspendiera la orden judicial.
«Bajo esa lógica [la de la jueza Xinis], las cortes de distrito tendrían efectivamente jurisdicción extraterritorial sobre las relaciones diplomáticas de EE.UU.», argumentó el gobierno ante la Corte Suprema.
El presidente de la Corte Suprema anunció este lunes que ese tribunal decidió poner una pausa temporal a la orden de la jueza Paula Xinis mientras estudia el caso.
14 años en EE.UU.
De acuerdo con documentos judiciales, Kilmar llegó indocumentado a Estados Unidos en 2011. Tenía 16 años.
Según su abogado, Simón Sandoval-Moshenberg, llegó a país huyendo de las amenazas en su contra de las pandillas en El Salvador. «Desde 2006, miembros de las pandillas lo habían acosado, golpeado y amenazado con secuestrarlo y matarlo con el objetivo de coaccionar a sus padres para que sucumbieran a la extorsión».
Sandoval-Moshenberg afirma que Ábrego no tiene ninguna afiliación con el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) ni ninguna otra pandilla. «El gobierno de EE.UU. no ha presentado ni la más mínima prueba que sustente su acusación infundada».
El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, niega que el salvadoreño pertenezca a un grupo criminal. Reuters
La acusación del gobierno de que Ábrego forma parte de la Mara Salvatrucha radica en un episodio de 2019.
Ese año, Ábrego fue arrestado cuando estaba en el parqueadero de una tienda de insumos de construcción buscando trabajo como jornalero.
Un juez de inmigración concluyó que se encontraba de forma irregular en EE.UU., y en una audiencia del proceso, un informante confidencial afirmó que Ábrego era un miembro activo de la Mara Salvatrucha.
De acuerdo con un memorando del gobierno de Trump, el salvadoreño no logró demostrar en 2019 que no era un miembro de ese grupo, ni que su liberación «no supondría un peligro para los demás».
Ese es el sustento legal que han citado funcionarios como el vicepresidente JD Vance para justificar su expulsión del país.
Durante su detención en un centro del ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU.) en 2019, Kilmar se casó con su pareja, Jennifer Vasquez, una ciudadana estadounidense que en ese momento estaba embarazada del hijo de ambos.
También, presentó una solicitud de asilo argumentando que su vida y su libertad corrían peligro en caso de regresar a El Salvador.
Un juez encontró creíble ese miedo y resolvió otorgarle la «suspensión de remoción», una garantía diferente al asilo por la cual, a pesar de seguir indocumentado, Ábrego García no podía ser deportado a El Salvador.
Según el abogado Sandoval-Moshenberg, Kilmar cuenta desde entonces con un permiso de trabajo.
El hijo de Kilmar y Jennifer es sordo de un oído y tiene autismo no verbal.
Ábrego vivía hasta el pasado 12 de marzo con su esposa, el hijo de ambos y dos hijos que tuvo su esposa de una relación anterior. Estaba, según su abogado, empleado tiempo completo y estudiando en la Universidad de Maryland.
Esposo y padre
Jennifer Vasquez es la esposa del migrante que fue deportado «por un error administrativo». Getty Images
Fue Jennifer quien lo reconoció en un video, compartido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en las redes sociales, en el que se veía a los presuntos pandilleros llegar al Cecot.
En una declaración ante los periodistas, la mujer describió la desesperación que viven sus hijos desde que ICE se llevó a su esposo: «Hace unos días, vi a nuestra hija de diez años intentando enviarle mensajes a Kilmar desde su tableta, diciéndole cuánto le extraña».
«Cuida a pocoyito fueron sus últimas palabras. Me las dijo cuando estaba esposado», agregó.
Kilmar estaba en su auto con su hijo cuando los funcionarios de ICE lo detuvieron el 12 de marzo.
Tres días después, fue trasladado al Cecot. «Aunque el ICE sabía que estaba protegido contra la expulsión a El Salvador, Ábrego García fue expulsado a El Salvador debido a un error administrativo», consta en un documento de la corte federal.
La legalidad del traslado de migrantes indocumentados a la cárcel en El Salvador está en entredicho desde el mismo momento en que se hizo, dado que un juez había ordenado que los aviones en los que los trasladaban regresaran a EE.UU.
Hasta ahora, hay una pelea jurídica sobre si el gobierno desoyó deliberadamente la orden judicial o si esta llegó demasiado tarde, como argumenta la Casa Blanca.
Varias familias más de hombres que también fueron llevados al Cecot han dicho que sus familiares no forman parte de grupos criminales, y se desconoce el estándar que usó el gobierno de EE.UU. para determinar que sí lo eran.
