Al menos 50 personas siguen secuestradas en la región colombiana del Catatumbo por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en tanto que en el departamento de Arauca, también fronterizo con Venezuela, tiene en su poder a otras 18, denunció este lunes la defensora del Pueblo, Iris Marín.
EFE
«El secuestro no tiene ninguna relación o conexidad con los delitos políticos que el ELN dice cometer. Por el contrario, cometido a esta escala y de manera sistemática, se configura como el crimen de lesa humanidad, de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes», dijo Marín, citada en un comunicado de su despacho.
El ELN mantiene a estas 50 personas en su poder en el Catatumbo porque las acusa de pertenecer a las disidencias del Frente 33, con las que tiene un enfrentamiento en esta parte de Colombia,
La Defensora del Pueblo, @MarnIris, reitera su más enérgico rechazo al uso del secuestro por parte del ELN y de otros grupos armados ilegales.
Exigimos al ELN y a todos los actores armados la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas. pic.twitter.com/uavuGcw42A
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 7, 2025
Desde enero, la violencia entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC ha dejado al menos 70 muertos y más de 50.000 desplazados en el Catatumbo, región que hace parte del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
A eso se suma que hace un mes fue secuestrada Clara Serrano, quien fue «retenida por el ELN» cuando acudía a gestionar la liberación de su hermano, Cristian, secuestrado con fines extorsivos en el Río de Oro, departamento del Cesar (norte).
«A ella la dejaron en cautiverio y lo liberaron a él para que consiguiera el dinero. Este hecho ha sumido a su familia en una profunda crisis emocional, con consecuencias en la salud de varios de sus integrantes», detalló la funcionaria.
A eso se suma que, desde el 21 de febrero, también permanece en poder del ELN la expersonera de Tamalameque (Cesar), Yennis Salazar Zabaleta, así como el joven Kevin Patarroyo Gómez, quien lleva más de un mes secuestrado en el Catatumbo y cumplió sus 19 años en cautiverio.
«Estos tres secuestros son extorsivos. El sufrimiento de quienes son secuestrados y sus familias es devastador e irreparable. Exigimos al ELN y a todos los actores armados la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas», afirmó Marín.
El ELN no es el único grupo que recurre a esta práctica que viola los derechos humanos, añadió Marín, quien dijo que, según cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y febrero de 2025 se han registrado 40 secuestros en el país.
Aunque en 2024 se reportaron menos casos (290) que en 2023 (338), el secuestro sigue siendo una grave vulneración de los derechos humanos en múltiples regiones de Colombia, puntualizó Marín.
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