Desde la ejecución del fraude electoral del pasado 28 de julio de 2024, hasta esta semana, ha venido planteándose la conveniencia de celebrar una nueva elección presidencial para enmendar el desastre humanitario que ha representado dicho comportamiento ilegal e inmoral.
Curiosamente, la propuesta ha sido formulada, en un primer momento, por actores internacionales afines ideológicamente al usurpador Nicolás Maduro. Me refiero a Celso Amorim, excanciller de Brasil y actual asesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, así como al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
En un foro publicado por el diario El País de Madrid el 26 de febrero de 2025, Petro declaró:
“Debe haber nuevas elecciones en Venezuela, porque ni el fraude ni el bloqueo permiten elecciones libres”.
¿Se trata de justificar el fraude con el llamado “bloqueo”? ¿O de equiparar las condiciones en que participamos los actores de la sociedad democrática frente al brutal ventajismo y absoluta arbitrariedad con que el Estado-PSUV manejó el proceso electoral?
El presidente Petro hace una evaluación sesgada del desarrollo de la elección presidencial del 28 de julio. Las sanciones no impidieron al régimen realizar una campaña ventajista. En primer lugar, porque tenían y tienen control absoluto de los órganos del poder público para intervenir partidos políticos, bloquear candidaturas incómodas y monopolizar los recursos del Estado. Además, ejercieron dominio sobre el territorio, los medios de comunicación y grupos paramilitares armados (colectivos), quienes atacaron la acción política de la oposición.
Por tanto, la elección no fue libre para la sociedad democrática porque el régimen madurista impuso un bloqueo interno sin precedentes en la historia de Venezuela. Las sanciones impuestas a personeros del régimen y al Estado venezolano no pueden ser utilizadas como excusa para cercenar los derechos humanos y políticos de los ciudadanos. Más allá de sus conflictos diplomáticos y políticos, el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la población.
Desde esta perspectiva, la posición de los gobiernos de Colombia y Brasil no justifica un nuevo proceso electoral presidencial. Lo justo, lo legal y lo ético es exigir a Maduro que acate el mandato de la inmensa mayoría de venezolanos, quienes decidieron un cambio y eligieron a Edmundo González Urrutia como presidente de la República.
Al cierre de la semana, específicamente el jueves 14 de marzo, el planteamiento de una nueva elección presidencial volvió al debate público luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo propusiera en una entrevista con el canal norteamericano Fox News.
Sin embargo, el enfoque de Marco Rubio es diferente al de Petro y Lula. La idea la presentó en los siguientes términos:
“Creo que el futuro de Venezuela le corresponde al pueblo venezolano y la solución es una elección legítima, democrática y observada, lo que no ha ocurrido. Maduro jamás puede ganar una elección legítima en Venezuela y él lo sabe. Por eso se robaron las últimas elecciones”.
Aquí radica la diferencia fundamental: se reconoce abiertamente que Maduro se robó las elecciones y que dicho fraude ha generado un conflicto político que Rubio propone superar mediante una nueva elección “observada”.
Si Estados Unidos garantiza que una eventual elección presidencial sea organizada por Naciones Unidas, a través de un mandato del Consejo de Seguridad, que instruya a la Subsecretaría de Asuntos Políticos para que su Departamento de Asistencia Electoral coordine el proceso de manera independiente y transparente, la oposición democrática debería aceptar el desafío.
Esto implicaría aplicar todas las normas de cooperación y derecho electoral humanitario, sobre las cuales ya existe suficiente doctrina y experiencia en la ONU.
En esas circunstancias, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sería el garante de que el mandato popular expresado en las urnas sea respetado.
No obstante, lo realmente justo es que la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, obligue a Maduro a reconocer y respetar la voluntad ciudadana expresada el 28 de julio de 2024.
Sin embargo, si la actual coyuntura geopolítica impide esa opción y la única alternativa viable para resolver el conflicto derivado del fraude es una nueva “elección observada”, debemos estar dispuestos a asumir el mal menor.
Aceptar una nueva elección bajo condiciones justas es preferible a enfrentar dos escenarios aún más peligrosos:
1. Aceptar la dictadura por muchos años más.
2. El escalamiento del conflicto hasta niveles que comprometan la paz del país. No tengo dudas de que una solución política negociada es preferible a la guerra.
Sin embargo, si se concreta la propuesta de una nueva elección, es imprescindible que se garantice:
- Pleno ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos.
- Participación de los venezolanos dentro y fuera del país.
- Un árbitro electoral imparcial.
- Eliminación de inhabilitaciones arbitrarias.
- Restitución de los partidos políticos ilegalmente intervenidos.
- Liberación de todos los presos políticos.
- Libertad de prensa y de movimiento por todo el país a los dirigentes de la oposición.
- Cese de los procesos judiciales abiertos contra miles de ciudadanos que participaron en la campaña y elección del 28 de julio de 2024.
Dudo que Maduro y su camarilla acepten someterse a un proceso electoral imparcial que no controlen. Pero nosotros, los ciudadanos democráticos y quienes ejercemos funciones de liderazgo y conducción política, debemos demostrar nuevamente nuestra voluntad de construir una solución pacífica, política y democrática a la tragedia impuesta por el socialismo del siglo XXI.
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