Rodrigo Duterte en su primera comparecencia ante la Corte Penal Internacional
Cuando ustedes, apreciados lectores, ojeen los presentes comentarios, Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas, ya estará instalado, no muy cómodamente, en la penitenciaría de Scheveningen, La Haya, Reino de los Países Bajos, a escaso kilómetro y medio de la sede de la Corte Penal Internacional, CPI.
Contra Roa Duterte pesa orden de arresto librada el siete de este mes por la Sala Primera de Cuestiones Preliminares de la referida Corte, por la presunta comisión de crímenes conexos con su brutal guerra contra las drogas mientras fue, en sus inicios, alcalde de la ciudad de Dabao y después, presidente de Filipinas.
Dado que en ciertos casos eran de improbable acatamiento por los Estados destinatarios, determinadas órdenes de captura de la CPI, no pasaron de “saludos a la bandera” para alegrar al graderío: V.gr.: las libradas contra, Omar Al Bashir (Sudán), contra Vladimir Putin (Federación Rusa), contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant su exministro de Defensa (Israel), contra Yoav Gallant, líder la organización islamista sunita nacionalista palestina, Hamás.
Para desgracia de Duterte, la acérrima rivalidad surgida entre su hija y Vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte y el actual Presidente, de ese país, Ferdinand Marco, “El Junior”, éste, muy gozoso lo capturó y envió a la CPI.
Según la referida Sala de Cuestiones Preliminares existen indicios, plurales y vehementes que el hoy recluso, impuso línea de conducta o política de Estado contra la población civil durante su trayectoria como funcionario público.
La orden fue “neutralizar” a quienes fueran percibidos como presuntos narcotraficantes. El fin último no dejaba de ser noble: “combatir el delito”. Los medios, la “eliminación de criminales de forma muy encubierta y secreta” sin apegarse a las medidas básicas de aplicación de la ley o las investigaciones, resultaron nefastas y aquí llegamos adonde no quisiéramos haber llegado:
Que comparado, con sus pares que usurpan el poder en mi dolida patria, Rodrigo Duterte es un “angelito”, un “Niño Jesús”. Por lo menos, el expresidente de Filipinas no ha sido acusado de asociarse con narcotraficantes y de paso, entregarles yacimientos de oro en el Arco Minero. Ni por cederles parte de nuestra soberanía, para instalar sus campamentos del horror. Ni de trampear procesos electorales.
En dictamen del pasado 22 de noviembre la valerosa titular de la Oficina de Protección de las Víctimas, de la propia CPI, Paolina Massida, expresó grave preocupación “por la falta de progreso visible en la investigación del expediente ‘Venezuela I’ mientras que el fiscal (es decir, el nefando Karim Kahn) continuó alentando la llamada ´complementariedad positiva’, a contravía del inequívoco pronunciamiento de la Sala de Apelaciones de la CPI., en el sentido que, las autoridades judiciales nacionales no tienen la voluntad de emprender investigaciones y enjuiciamientos imparciales” de los horrendos crímenes perpetrados por los narcotiranos locales.
Tal “complementariedad”, que tanto fomenta el mencionado fiscal jefe, no es más que remitirle al TSJ, que despacha en la esquina de Dos Pilitas, de la avenida Baralt, el conocimiento del referido expediente sustanciado ante la CPI. Eso y la impunidad absoluta de crímenes aberrantes son sinónimos.
Las víctimas, en particular, y la comunidad en general, decente aunque sea a medias, no se conforman con sardinas. Exigen la captura y enjuiciamiento de los verdaderos peces gordos de los delitos de lesa humanidad.
La escandalosa colusión del fiscal jefe de la CPI y su cuñada, supuesta abogada de los perpetradores más depravados, debe cesar. La seguiremos desalentando en toda forma de derecho.
@omarestacio
Artículo publicado en Diario Las Américas
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