La continuidad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), se encuentra en duda desde que Trump regresó al poder.
El nuevo gobierno ordenó la paralización de casi todos los programas de ayuda internacional, el regreso inmediato de todo el personal que trabaja fuera de EE UU y anunció que miles de empleados quedarían suspendidos de sus funciones.
Creada a inicios de la década de 1960, esta agencia opera en más de 60 países alrededor del mundo, realizando numerosas operaciones humanitarias: desde el envío de alimentos a zonas en riesgo de hambruna hasta la gestión de programa de salud para, por ejemplo, repartir vacunas contra la polio en países donde aún circula el virus que causa esta enfermedad.
El pasado 7 de febrero, un juez federal bloqueó temporalmente un plan del gobierno de Trump -y, en concreto, del Departamento de Eficiencia Gubernamental que lidera Elon Musk- para suspender de sus funciones a unos 2.200 empleados de USAID.
El juez Carl Nichols también ordenó que se permitiera el regreso a sus labores de otros 500 funcionarios que habían sido suspendidos previamente y ordenó que aquellos empleados de la agencia fuera de EE UU no sean repatriados antes del 14 de febrero a la medianoche.
Estas medidas temporales responden a demandas iniciadas por sindicatos que denuncian que el gobierno de Trump quiere reducir el número de empleados de USAID de 14.000 a solamente 300.
Según escribió el 7 de febrero el mandatario en su cuenta de Truth Social, el gasto de USAID «es totalmente inexplicable». A lo que agregó: «Ciérrenla».
4. Congelación de las ayudas públicas
Los planes para congelar las ayudas federales han causado malestar y confusión. Getty Images
Tras llegar a la Casa Blanca, el gobierno de Trump ordenó congelar cientos de miles de millones de dólares en subvenciones y préstamos federales.
La iniciativa fue ejecutada a través de la Oficina de Administración y Presupuesto, que ordenó a las agencias federales que «suspendieran temporalmente todas las actividades relacionadas con las obligaciones o el desembolso de toda la asistencia financiera federal».
El gobierno aseguraba que esta medida tenía como objetivo dar tiempo a la nueva administración para evaluar qué subvenciones y préstamos se ajustaban a su agenda.
Su aplicación, no obstante, provocó confusión y malestar entre quienes reciben estos fondos (como organizaciones sin fines de lucro y de investigación), pues se enfrentaron a la posibilidad de perder rápidamente su financiación que se destina a múltiples asuntos: desde ayuda en caso de desastres hasta investigación sobre el cáncer.
El 28 de enero, la jueza Loren AliKhan ordenó la suspensión temporal de la medida, tras recibir una demanda según la cual esta era ilegal.
Por otra parte, una coalición de estados gobernados por los demócratas presentaron otra demanda para bloquear la orden, calificándola de inconstitucional.
Varios estados informaron de problemas para acceder a fondos a través de Medicaid, un programa de seguro médico del gobierno para personas de bajos ingresos. La Casa Blanca dijo más tarde que el programa no se vería afectado y que el problema se resolvería pronto.
El 31 de enero, el juez John McConnell se pronunció sobre el caso ordenando una pausa temporal a la ejecución de la medida.
Ante la confusión y las acciones legales, el gobierno de Trump optó por revocar la orden que había emitido, aunque afirmó que eso no implicaba que cancelaban el plan para congelar los fondos federales, sino que buscaban eliminar la ambigüedad que se derivaba de las órdenes judiciales.
Este 10 de febrero, el juez McConnell dijo que el gobierno de Trump ha estado violando la orden de seguir distribuyendo las ayudas federales y sugirió que el Ejecutivo podría ser objeto de algunas sanciones.
De acuerdo con el fallo de este juez federal, la suspensión actual de la distribución del financiamiento federal viola «la letra misma» de la orden que él había emitido.
En un fallo de 5 páginas, McConnell dictaminó que las dificultades actuales para obtener dinero federal para cosas como la educación infantil temprana, la reducción de la contaminación y la investigación para la prevención del VIH violaban su orden del 31 de enero.
5. Traslado de mujeres transgénero presas a cárceles de hombres
La decisión de Trump de reconocer oficialmente solamente dos géneros ha trastocado la vida de las personas trans. Getty Images
Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump limitaba el reconocimiento del género de las personas, según el sexo asignado al nacimiento.
En ese contexto, se ordenó a las autoridades carcelarias transferir a las mujeres transgénero a prisiones de hombres y poner fin a sus terapias hormonales.
Organizaciones que defienden los derechos de las personas transgénero criticaron la medida, alertando que su aplicación las podría ponerlas en peligro.
«Habrá violaciones y agresiones físicas debido a esta política», dijo Shannon Minter, directora legal del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, según reseñó The New York Times.
El pasado 5 de febrero, un juez federal suspendió temporalmente la transferencia de tres mujeres transgénero a cárceles de hombres y bloqueó también la medida de retirarles la terapia hormonal.
El juez Royce Lamberth de Washington, D.C., adoptó esta decision temporal mientras estudia la demanda recibida, según la cual la orden de Trump discrimina a las personas transgénero y viola sus derechos constitucionales.
6. El acceso de Elon Musk a la delicada información de Tesorería
El prominente rol que ha asumido el multimillonario Elon Musk en el nuevo gobierno ha sido motivo de controversia. Getty Images
El gobierno de Trump se vio inmerso en una polémica por la decisión del Departamento del Tesoro de permitir que los empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) -que encabeza el multimillonario Elon Musk– accedan al sistema masivo de pagos y cobros del gobierno federal, y a los datos personales que contiene.
El pasado 8 de febrero, un juez federal emitió una orden preliminar para prohibir el acceso del DOGE a estos datos financieros y ordenó a Musk y a su equipo que destruyan inmediatamente cualquier copia de los registros.
La decisión se produjo a raíz de una demanda de los fiscales generales de 19 estados, interpuesta luego que se supo que Musk y su equipo recibieran este acceso.
Según los demandantes, darle acceso a Musk, un «empleado especial del gobierno», y a DOGE, que no es un departamento oficial del gobierno, viola la ley federal.
